Aquí el gigante vencido es un consorcio que posee mas de 257 granjas porcícolas en esta región del sureste, 43 ellas en zonas de riesgo ambiental y 36 ubicadas en el llamado Anillo de Cenotes
(Foto: Greenpeace / Tania Garnica)
Yucatán, México. – Una veintena de pueblos de Yucatán, algunos con poco menos de tres mil habitantes, escucharon con mucha atención la resolución del pasado 19 de mayo de la Suprema Corte de Justicia, que suspendió de manera definitiva de la megagranja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), subsidiaria de Kekén, a favor del pueblo maya de Homún, 55 kilómetros al sureste de Mérida.
Al desaparecer totalmente la industria del henequén, este pueblo volvió a conocer una modesta prosperidad desarrollando negocio de turismo ecológico. Desde la entrada de la comunidad, los mototaxis esperan a los visitantes a un recorrido por los diferentes cenotes abiertos en los terrenos de los campesinos. La mitad de los habitantes han encontrado así un modo de subsistencia independiente.
Luego de tres años de batallas legales, el fundamento del fallo de la SCJN se inclinó a favor del derecho de los niños de Homún al agua limpia y en contra del funcionamiento de una megagranja de cerdos, propiedad de la exportadora de carne porcina mas importante del país. Un caso como de David contra Goliat.
Aquí el gigante vencido es un consorcio que posee mas de 257 granjas porcícolas en esta región del Sureste, 43 ellas en zonas de riesgo ambiental y 36 ubicadas en el llamado Anillo de Cenotes (datos de Greenpeace). Solo la granja de Homún produciría –se calcula—dos millones de kilos de heces al mes, materia orgánica que amenaza con contaminar los mantos acuíferos y los cenotes. Keken forma parte del Grupo KUO, un gigante industrial con ramas en las industrias de la alimentación, la química y automotriz.
Desde el punto de vista legal, asegura la abogada que representó a los pobladores de Homún en el juicio, Lourdes Medina, “se sienta un precedente en los juicios en materia ambiental en todo el país, en particular en Yucatán, y abren nuevas posibilidades para muchos otros litigios, incluidos los que se han presentado en torno al Tren Maya”.
Desde la perspectiva de los pueblos mayas y la naturaleza pluricultural de Yucatán, expresa la socióloga Cristina Muñoz Menéndez, dirigente del Equipo Indignación, “se abre la oportunidad de resolver conflictos con perspectiva de pueblo; de que los mayas gestionen sus territorios y rompan esa relación de servidumbre, que viene de la dolorosa experiencia de la hacienda del pasado.
“A partir de una reflexión que hicimos en el Equipo cuando cumplimos 20 años, entendimos –y ahora sabemos que los pueblos a los que hemos acompañado así también lo entienden– que si ganábamos un caso no habíamos ganado nada. Que solamente como sujeto colectivo podremos resolver nuestras controversias y hacer leyes”.
Kinchil, abejas o cerdos
Kinchil, un pueblo apicultor de no mas de 6,500 habitantes al poniente de Yucatán, fue uno de esos lugares donde el fallo de Homún tuvo una resonancia especial.
Ellos llevan ya 10 años padeciendo la contaminación de aguas negras que genera esta industria de la casa matriz Keken. Aquí no hay cenotes en riesgo de perder sus aguas prístinas. Son las poblaciones de abejas melíferas las que han huido, ahuyentadas por lagunas de aguas negras y pestilentes que empezaron a aparecer hace cinco años, con las excretas de miles de cerdos que la empresa desecha impunemente en sus montes.
Kinchil, recuerda el historiador José Koyoc Ku, fue el epicentro de este movimiento de demandas contra la industria porcícola por daño ambiental en los pueblos de Yucatán. Desde hace 20 años Keken se hizo de terrenos nacionales con compras irregulares.
La primera demanda contra la empresa data 2015. Pero antes hubo también demandas por la extracción de material pétreo y agua. Las autoridades siempre respondieron con negligencia, inspecciones mal hechas y omisiones. “Eso siempre ha pasado cada vez que los pueblos tratan de utilizar los instrumentos legales”.
Desde 2017 Kinchil tiene presentadas demandas diversas ante la Procuraduría Agraria por despojo de Terreno, la Profepa, la Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán.
¿Y porqué les ilusiona a esos pueblos mayas que se resisten a perder su identidad una resolución de la Corte contra una mega granja porcícola?
“Porque los principios legales que sustentaron este fallo luego de una batalla en tribunales de más de tres años se basaron en los derechos colectivos de los pueblos mayas, no solo a un medio ambiente sano sino al pleno goce de sus territorios. Esa es la novedad”, apunta la abogada del Equipo Indignación que llevó el caso de los Guardianes de los Cenotes de Homún, Lourdes Medina Carrillo.
Integrante del Equipo Indignación, Medina explica las particularidades que se dieron en este proceso y que fueron la clave en esta insólita victoria jurídica:
“Para las poblaciones afectadas por algún proyecto como el de las granjas porcícolas es muy difícil salvar distintos obstáculos que pone la misma ley. Por ejemplo, son ellas las que tienen que comprobar que determinado proyecto provoca daño ambiental, mucho mas si no es un daño ya consumado sino preventivo.
Esto queda fuera del alcance de muchos porque son peritajes muy caros. Por eso fue determinante que la parte denunciante fueran niños y niñas de Homún, porque como sujeto legal tienen otros privilegios. También fue clave que se aplicara el principio precautorio (evitar un posible daño futuro).
Otro candado es que en el catálogo de pueblos mayas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Homún no aparece como tal. Fue muy difícil sortear eso porque en los juzgados no tienen perspectiva de pueblo indígena ni se rigen por conceptos como territorio y libre determinación”.
Por eso, al hacer valer el principio precautorio y reconocer el derecho de los niños –y por ende el pueblo maya—al ambiente sano cambia la perspectiva para que muchos otros pueblos tengan acceso a la justicia.
Con información de: La Jornada