Esta decisión es histórica, ya que desde hace 21 años las redes campesinas, personas investigadoras y organizaciones civiles han dado batallas legales y organizativas en contra de los transgénicos en México.

Por Jocelyn Soto*

Haber prohibido en México por decreto presidencial la siembra de maíz transgénico y la eliminación en su consumo para 2024, es sin duda un gran paso a favor del medio ambiente y nos acerca más a alcanzar la soberanía alimentaria del país, pero la lucha no acaba ahí. Ahora sigue un largo camino para conseguir que ese decreto se convierta en realidad a más tardar el último día de 2024.

El pasado 31 dediciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que marca la prohibición del maíz transgénico y la prohibición progresiva del glifosato hacia 2024.

Esta decisión es histórica, ya que desde hace 21 años las redes campesinas, personas investigadoras y organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace, han dado batallas legales y organizativas en contra de los transgénicos en México.

No es un logro menor. Los transgénicos son organismos que han sido genéticamente modificados (GM),por ejemplo, para producir insecticida o generar resistencia a herbicidas. Forman parte del modelo de agricultura industrial, el cual acentúa la desigualdad en el campo y hace uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes sintéticos que afectan la salud y el medio ambiente.

El glifosato en particular es un herbicida muy usado en nuestro país cuya función es destruir las plantas consideradas “malas hierbas”, es decir aquellas que “roban”espacio, luz, agua y nutrientes a la siembra de monocultivos. Monsanto es una de las trasnacionales que más usa y promueve el uso de glifosato.

Con un decreto que prohíbe el uso de maíz transgénico estamos un paso adelante para detener y tal vez revertir los daños al medio ambiente ocasionados por el maíz transgénico, pero el cambio no va a ocurrir de un día para otro, sino que es progresivo.

Esto es lo que menciona el decreto

Desde la entrada en vigor de este decreto el pasado 31 de diciembre, las autoridades en materia de bioseguridad tienen la obligación de revocar y abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado.

Sin embargo, para el caso del glifosato, la agricultura comercial, así como las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aún deben promover e implementar alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por su parte, debe coordinar, articular, promover y apoyar las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y proponer alternativas al glifosato. Para dar cumplimiento a esta disposición, el Conacyt podrá convocar a instituciones que pertenecen al sector que encabeza y demás instituciones de educación superior o centros de investigación públicos con competencia en la materia.

Asimismo, todas estas instancias podrán invitar a grupos organizados de productores agrícolas,a la industria de agroquímicos, a las asociaciones de usuarios de agroquímicos y a las organizaciones de productores de bioinsumos e insumos agrícolas orgánicos para que participen en el diseño, promoción o implementación de las alternativas mencionadas.

Con base en los resultados de las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones, el Conacyt deberá emitir recomendaciones anuales para las autoridades competentes que les permitan sustentar, en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación, en el periodo de transición, anterior a la eliminación total de glifosato en 2024.

La Sader y Semarnat, así como el Conacyt, tienen hasta el primer semestre del año 2023 para promover reformas legales que eviten el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado en México.

Finalmente, las autoridades en materia de bioseguridad tienen hasta el 31 de enero de 2024 para sustituir totalmente el glifosato. Luego de esto, deberán revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos.

Con información de: Greenpeace

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